Abstract
El presente artículo científico analizó la diferencia de criterios judiciales en el Ecuador con respecto a la resolución de acciones de protección frente al derecho a la seguridad jurídica, cuyo origen se basa en el “Principio de Legalidad”; es decir, que todo acto que emane de la potestad de autoridad pública, siempre debe estar fundamentado en normativa jurídica prestablecida, de tal forma limita y aleja permanentemente cualquier actitud arbitraria que provenga del poder público. El objetivo de esta investigación fue evaluar la coherencia, sentido y efectos que generan los criterios emitidos por la Corte Constitucional en el conglomerado social, siendo esta el máximo órgano de tutela de derechos y control constitucional en el país. Además, se pudo verificar su impacto en la certeza y claridad de las normas que conforman el marco legal u ordenamiento jurídico ecuatoriano. Para tales efectos se realizó una investigación fundamentada principalmente en la revisión bibliográfica, normativa y jurisprudencial. Como resultado se encontró hallazgos que permitieron indicar las ambigüedades, disparidades e inexactitudes que ha producido la Corte Constitucional al no establecer criterios taxativos concretos, sólidos y uniformes para limitar el uso de la acción de protección específicamente en conflictos de materia laboral aplicada en el sector público, produciendo situaciones que originan incertidumbre, que trastocan, vulneran y trasgreden el derecho a la seguridad jurídica.

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