Abstract
El trabajo examina la posible vulneración de derechos de un niño con discapacidad por la actuación de una institución pública especializada. Sostiene que, cuando el Estado administra servicios dirigidos a niños con discapacidad, su actuación deja de ser discrecional y se convierte en una obligación constitucional reforzada, regida por un deber objetivo de cuidado. A partir de un caso ilustrativo, en el que tras una crisis conductual vinculada al diagnóstico se dispuso la separación inmediata y la reducción de la modalidad de atención, se evalúa si la medida respeta el estándar de protección reforzada. Con un enfoque cualitativo, jurídico-dogmático y analítico-crítico, y con referencias de derecho comparado, se plantea que reducir la intensidad del servicio como reacción a una manifestación de la discapacidad puede constituir discriminación indirecta y prestación defectuosa del servicio público.