El tránsito hacia un Estado constitucional de derechos y justicia hizo de la protección de los grupos de atención prioritaria y de la familia un criterio de validez de la actuación pública, de allí que el estudio se planteó como objetivo central examinar los alcances teóricos, normativos y jurisprudenciales de esa protección y su función como fundamento de la justicia constitucional en el Ecuador. En este sentido se empleó un diseño cualitativo y documental, con método hermenéutico jurídico en sus dimensiones analítica, sistemática y teleológica, aplicado a los artículos 11, 35 y 44 de la Constitución, a la legislación de niñez y garantías jurisdiccionales y a la literatura científica arbitrada. Entre los resultados se obtuvo que la igualdad material opera como mandato de aplicación directa, aunque su eficacia se ve limitada por barreras territoriales y presupuestarias. Entre las conclusiones se estableció la necesidad de descentralizar la justicia y simplificar trámites.