El trabajo examina si las garantías del debido proceso se respetan cuando el Estado ecuatoriano ejerce su potestad sancionadora. Con un enfoque mixto, se combinaron métodos teóricos, el análisis de la Constitución, el Código Orgánico Administrativo y la doctrina, y dos entrevistas semiestructuradas a especialistas en derecho administrativo y constitucional, de carácter exploratorio. Los entrevistados describen una observancia desigual, con limitaciones a la defensa en la notificación, el acceso al expediente y los plazos, motivación insuficiente y sanciones desproporcionadas. Se plantean capacitación de los funcionarios, controles internos, lineamientos claros y uniformes, y mayor transparencia en los procedimientos.