Las garantías penales y el debido proceso son pilares del sistema jurídico ecuatoriano y derivan de la Constitución de 2008 y de los tratados de derechos humanos. El trabajo analiza la eficacia del garantismo penal como fundamento del debido proceso en el sistema sancionatorio, con atención a los procedimientos especiales del Código Orgánico Integral Penal, en particular el abreviado, y al ejercicio privado de la acción penal. Con un enfoque cualitativo, y con los métodos de análisis y síntesis, histórico y documental, se revisan la doctrina garantista, la Constitución, el código penal y la jurisprudencia interamericana. Se concluye que presunción de inocencia, legalidad y defensa técnica siguen siendo compatibles con la persecución de delitos actuales, pero que la celeridad de los procedimientos especiales exige cautela frente al riesgo de coacción y de reducción de la prueba.