Abstract
La investigación tuvo como objetivo analizar los retos jurídicos que las deportaciones aceleradas en el continente americano plantean para el derecho a la unidad familiar de niñas, niños y adolescentes migrantes, con atención a las obligaciones del Ecuador como país de origen y de retorno. Se utilizó un enfoque cualitativo de análisis documental jurídico, sustentado en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana, la Opinión Consultiva OC-21/14, la Constitución, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y estudios indexados. Los resultados muestran que los procedimientos sumarios de expulsión omiten la evaluación del interés superior, separan a familias de estatus migratorio mixto y generan retornos sin acompañamiento. Se concluye que la unidad familiar exige evaluaciones individuales previas a la expulsión, cooperación consular para la reunificación y programas de recepción e integración educativa y psicosocial para la niñez retornada.