Venezuela ha atravesado una tendencia progresiva de inseguridad alimentaria que ha lesionado el estado nutricional de importantes sectores de la población, cuyas familias no han logrado satisfacer la dieta mínima necesaria para cubrir los requerimientos de sus integrantes. El informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI) 2025 señaló que la prevalencia de la subalimentación en Venezuela, que en 2024 se ubicaba en 17,6%, disminuyó sorprendentemente a 5,7% en 2025. Asimismo, el número de personas subalimentadas se habría reducido de 5 millones en 2024 a 1,7 millones en 2025. Esta aparente reducción implicaría un cambio radical y hasta «milagroso» en el poder adquisitivo, la disponibilidad y el acceso a los alimentos, la inflación, los servicios de salud y los programas de alimentación, entre otros factores. Lamentablemente, los datos de las organizaciones sociales, de la academia y la realidad que se observa en las comunidades describen un panorama distinto, marcado por profundas desigualdades geográficas, socioeconómicas y ambientales. Surge una duda razonable, sobre las fuentes que utilizan estas organizaciones internacionales, para reducir 11,9% la prevalencia de subalimentación, en este corto periodo de tiempo, sin que se hayan observado en el país ningunas medidas extraordinarias. Es cierto, que se ha informado de pequeñas mejoras en los indicadores económicos, pero sin embargo, algunos con experiencia en el tema, consideran que esto no es suficiente para explicar el desplome en los porcentajes de subalimentación. También es imperativo considerar que en el país existe, desde hace una década, un silencio informativo por parte de las instituciones competentes, tales como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Nacional de Nutrición (INN). Por esta razón, se presume que los informes internacionales podrían basarse en proyecciones sobre datos desactualizados o parciales, los cuales parecen distar de la realidad nacional.