Abstract
El artículo analizó si el tratamiento diferenciado entre víctimas de violación y víctimas de estupro embarazadas a consecuencia del delito, en cuanto a la punibilidad del aborto consentido, es compatible con la igualdad y la libertad reproductiva. Con un enfoque cualitativo y métodos histórico-lógico, dogmático y jurisprudencial, se examinaron el Código Orgánico Integral Penal, la sentencia 34-19-IN/21 de la Corte Constitucional, la ley de 2022 sobre interrupción voluntaria del embarazo y el test de igualdad de la sentencia 080-13-SEP-CC. La exclusión de punibilidad quedó vinculada al delito de violación y no alcanza a las adolescentes víctimas de estupro, pese a que ambos delitos protegen el mismo bien jurídico y el consentimiento está viciado por el engaño. Se concluye que el trato configura una discriminación indirecta y se propone reformar el artículo 150 del Código y la ley de 2022.