La investigación tuvo como objetivo analizar el régimen constitucional de protección reforzada de niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas con discapacidad en el Ecuador, como grupos de atención prioritaria. Se empleó un enfoque cualitativo de análisis documental jurídico, basado en la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Discapacidades, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, los tratados internacionales específicos y estudios indexados. Los resultados muestran que la Constitución establece un modelo de igualdad material que obliga al Estado a adoptar acciones afirmativas y a garantizar atención prioritaria, aunque persisten deficiencias en la asignación de recursos, la articulación institucional y la aplicación judicial del enfoque interseccional. Se concluye que la eficacia de la protección exige presupuestos específicos, sistemas de información y formación de los operadores.