Abstract
La automatización de las decisiones públicas mediante sistemas de inteligencia artificial plantea riesgos relevantes para la protección de los derechos humanos, especialmente cuando sus resultados inciden en derechos, obligaciones o acceso a servicios públicos. El estudio tuvo como objetivo analizar las implicaciones jurídicas de estas tecnologías y las principales garantías aplicables frente a sus riesgos. Se desarrolló una investigación cualitativa, documental y descriptivo-analítica, basada en una revisión bibliográfica de 13 artículos científicos publicados entre 2021 y 2026. Los hallazgos identificaron como principales derechos comprometidos la transparencia, el acceso a la información, la igualdad y no discriminación, la protección de datos personales, el debido proceso, la tutela efectiva y la motivación administrativa. También se reconocieron riesgos asociados con la opacidad algorítmica, los sesgos, la supervisión humana insuficiente, la responsabilidad difusa y la posibilidad de afectaciones sistémicas. La revisión mostró que la protección jurídica requiere combinar garantías preventivas, procedimentales e institucionales, entre ellas evaluaciones de impacto, explicabilidad, trazabilidad, supervisión humana efectiva, auditoría, impugnación y reparación. Se concluye que la automatización administrativa debe mantenerse subordinada a los principios de legalidad, responsabilidad y protección efectiva de los derechos humanos durante todo el ciclo de utilización del sistema, en todas las etapas de actuación pública.