SMSara Sieira Mucientes

Sara Sieira Mucientes

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Latest Publications

  • Open Access

    El libre desarrollo de la personalidad como derecho fundamental general de libertad-autonomía: la eutanasia y el aborto en las sentencias del Tribunal Constitucional 19/2023 y 44/2023

    by Sara Sieira Mucientes

    Las Sentencias del Tribunal Constitucional 19/2023 y 44/2023 tienen un nexo común argumental que viene a constituir su principal ratio decidendi, consistente en la creación de un nuevo derecho fundamental de autodeterminación para decidir sobre la propia muerte y sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que pasan a constituir nuevos derechos fundamentales a la eutanasia y al aborto, integrándolos en el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), limitando así la libertad de configuración del legislador respecto de los mismos. El activismo judicial desplegado en esta operación no puede dejar de suscitar una gran perplejidad. El hasta ahora considerado «principio» de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), en virtud de esta innovadora jurisprudencia, deja de operar como tal para convertirse, no ya en un «principio general de libertad», cuestión que distaría incluso de ser pacífica en la doctrina, sino en un verdadero «derecho fundamental general de libertad», en definitiva, como norma de clausura del sistema de libertades públicas. A diferencia de la regulación en derecho constitucional alemán, inspirador del Anteproyecto de la ponencia constitucional en España, en que el libre desarrollo de la personalidad constituye un derecho fundamental, también norma de clausura, con unos límites bien establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Karlsruhe, ni la dicción literal, ni la sistemática de la Constitución española permite una incorporación acrítica de la construcción alemana, ni su empleo por parte del Tribunal Constitucional español ha sido, en esta última jurisprudencia...


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    Libertad de expresión y libre ejercicio de la representación política. La retirada de palabras del Diario de Sesiones como sanción de amonestación

    by Sara Sieira Mucientes

    La sentencia constituye el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la potestad de la Presidencia de la Cámara de retirar determinadas palabras o conceptos ofensivos al decoro del Diario de Sesiones, como límite al derecho de participación política ( ius in officium, artículo 23.2 de la Constitución). El control constitucional se reduce a un enjuiciamiento liminar de la arbitrariedad manifiestamente irrazonable y discriminatoria. La sentencia reclama la aportación de precedentes en los que la misma Presidencia hubiera pasado por alto o consentido sin reprobación alguna, expresiones de igual cariz a la controvertida. Por depender el concepto de decoro de la libre valoración de la Presidencia, se descarta la aplicación del escrutinio estricto (principio de proporcionalidad). Se descarta asimismo la naturaleza jurídica sancionadora de la medida controvertida, lo que hubiera sido más acorde con su ubicación sistemática, el derecho parlamentario histórico y el derecho comparado, así como con su praxis: una amonestación, como juicio de reprobación, que figura por escrito y sine die en el Diario de Sesiones y, por tanto, lesiva del derecho al honor (art. 18.1 CE) base del concepto de decoro, derecho fundamental que la sentencia no menciona en absoluto.

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    Estado de alarma

    by Sara Sieira Mucientes

    El estado de alarma constituye uno de los tres estados excepcionales, junto con el de excepción y el de sitio, que recoge la Constitución de 1978, de infrecuente mención en el constitucionalismo comparado. Se declara por el Gobierno ante graves crisis naturales, sanitarias o tecnológicas, o, si concurren conjuntamente con estas, ante el desabastecimiento de bienes de primera necesidad o la paralización de servicios públicos esenciales. Consiste en una concentración del poder bajo una autoridad competente que puede ser el Gobierno o el Presidente de una Comunidad Autónoma–, y en la limitación –nunca la suspensión– de ciertos derechos mediante medidas administrativas necesarias y proporcionadas para el mantenimiento de la normalidad: restricción de la circulación y el desplazamiento, requisa de bienes, ocupación de locales –con exclusión de domicilios particulares–, racionamiento en el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad y garantía del abastecimiento de los mercados de productos de primera necesidad y de los servicios esenciales. En este estudio se ofrece una aproximación al estado de alarma, con una breve fundamentación histórica, política, iusfilosófica y de derecho comparado y un análisis de su regulación constitucional y legal. Se completa con un recorrido crítico por la praxis relativa a su activación en España, en el año 2010, para hacer frente a la crisis de los controladores aéreos, y en 2020, para hacer frente a la crisis desencadenada por la pandemia global del coronavirus COVID-19, desde el punto de vista del estricto cumplimiento del derecho constitucional de excepción, en relación con la necesidad y proporcionalidad de las medidas de concentración del poder y limitación o suspensión de los derechos fundamentales.


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    La necesaria objetividad en la evaluación ex ante de la calidad de las normas. Estudio de la memoria de análisis del impacto normativo en la familia

    by Sara Sieira Mucientes

    El propósito de este estudio es realizar una aproximación desde el punto de vista del derecho parlamentario al análisis de las Memorias de análisis del impacto normativo en la familia remitidas durante toda la XII legislatura (2016-2019), dentro de la perspectiva más general de la evaluación ex ante de la calidad de las normas. Partiendo de la regulación de la Memoria de análisis del impacto normativo y de su naturaleza como instrumento de evaluación ex ante de la calidad de las normas, se analiza la dispersa e irracional regulación de las Memorias de impacto en la familia, para continuar con la función de calificación de la Mesa de la Cámara en relación con los antecedentes que deben acompañar a las iniciativas legislativas y finalizar con un análisis de la Memoria de Impacto en familia en la práctica parlamentaria de la XII Legislatura (en relación con el análisis de impacto en otros ámbitos conexos como son la infancia y adolescencia, el género y el ámbito de la discapacidad). Este estudio se realiza de modo crítico a partir de la necesidad de institucionalización de la evaluación normativa en España, de acuerdo con lo apuntado por la OCDE ya en el año 2000, para garantizar su objetividad e independencia del Gobierno, en línea con las propuestas de derecho comparado que han desarrollado los países más avanzados en esta materia, así como de la carencia de una guía metodológica para elaborar las Memorias de análisis del impacto en la familia