Carlos Javier Velásquez Muñoz

A partir de la constitucionalización del urbanismo y el ordenamiento territorial en 1991, se ha venido consolidando un compendio normativo con diversas formas de intervención, caso de la policía administrativa. Sin embargo, esta no ha logrado cumplir con su cometido; de ordinario se desconocen las obligaciones y se abusa de los derechos en estos ámbitos. Así, el objetivo de este artículo es analizar la intervención de la administración pública en el urbanismo y la ordenación del territorio en Colombia, a partir de las técnicas: reglamentarias y autorizatorias. Para ello, se realizó una revisión de normas, jurisprudencia y doctrina que se ocupa del asunto. Hallándose que, pese del evidente aumento normativo y jurisprudencial de los últimos años, no se logra, en la mayoría de los casos, aplicar eficazmente, ocasionado que la policía administrativa no cumpla con su fin preventivo.

The Mining-Energy Planning Unit of Colombia has indicated that the country must quintuple its power generation capacity over the next fifty years. In this scenario, the department of La Guajira is shown as a strategic territory for the promotion of non-conventional energies; in particular, solar and wind. However, and despite its vocation, this department has not made use of the potential. In the present research, it is identified and described the social and legal barriers that have limited the consolidation of non-conventional energy sources in La Guajira, based on the analysis of normative and doctrinal pieces, as well as studies and reports on regional development. Likert-type interviews with businessmen and semi-structured interviews with ethnic groups settled in the territory were also designed. The conclusions acknowledge the barriers and therefore offer recommendations for overcoming them.

Teniendo en cuenta que la Administración Pública debe encaminar su acción hacia la consecución de los fines del Estado, en algunas ocasiones se vale de la iniciativa privada para cumplir con dicho propósito. Dentro de las varias formas de intervención administrativa se encuentra una que interpreta a la perfección lo anterior: la actividad estimulativa o de fomento. Esta forma de intervención apareció en la Constitución de 1886, pero fue mal empleada y terminó convertida en un medio para la corrupción. Precisamente, una de las grandes conquistas de la Constitución de 1991 fue prohibir, en el artículo 355, a cualquiera de las ramas u órganos del poder público decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado; sin embargo, y con el ánimo de mantener el fomento, este mismo incorporó como excepción la posibilidad de celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad. Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo de investigación analiza el contrato de fomento, con la finalidad de examinar su desarrollo normativo y jurisprudencial para establecer su alcance y aplicación actual y, sobre todo, verificar si ha atajado la corrupción que históricamente se le atribuye. El texto es fruto de una investigación jurídica a partir de la exhaustiva revisión analítica de fuentes secundarias de carácter jurídico.

La localización de sistemas de depuración en las ciudades constituye una problemática ambiental y territorial en muchas partes del mundo, especialmente en asentamientos de países en desarrollo. De ordinario, su mala ubicación o funcionamiento producen problemas que afectan el ambiente, el suelo, la salud o la vida de las personas. Lo anterior es fundamento de esta investigación, la cual analiza posibles conflictos ambientales y territoriales relacionados con la ubicación y funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Montería, Colombia. Metodológicamente, la investigación recolectó y analizó fuentes primarias y secundarias y concluyó analizando los efectos y presentando propuestas de mejora para consolidar su desarrollo urbano sostenible que tanto se pregona en los últimos años.

La generación de residuos de construcción y demolición en Colombia viene en aumento, por lo que en los últimos años ha sido expedida normativa para reglamentar su gestión. Aun así, ésta no termina de consolidarse, en parte, por vacíos normativos, en parte por falta de reglamentación local y, por supuesto, la existencia de comportamientos ciudadanos contrarios a las disposiciones sobre la materia. Así las cosas, este artículo analiza la gestión de los residuos de construcción y demolición en Colombia, tomando como caso de estudio al Distrito de Barranquilla, verificando el grado de implementación de los instrumentos señalados en la normativa vigente. El análisis se realizó a partir de un proceso de recopilación y procesamiento de datos secundarios de carácter doctrinal y normativo procesados a partir de tablas dinámicas de datos. En las conclusiones se muestra el escaso avance logrado, dinámica común y extensiva a la mayoría de las ciudades de Colombia.

Paradójicamente, mientras el mundo, el continente y el país aumentan su tendencia de concentración poblacional en asentamientos urbanos, los controles y medidas para exigir de los ciudadanos comportamientos acordes con dicha realidad no van al mismo ritmo. En los países del tercer mundo, la existencia de asentamientos precarios, procesos de segregación socioespacial, ocupación informal del espacio público e incumplimiento de obligaciones urbanísticas son asuntos cotidianos. Por ello, este artículo analiza la intervención administrativa encaminada al ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito urbano-territorial en Colombia con la intención de examinar algunos de sus aspectos más importantes: ¿cuál es el origen de dicha potestad?, ¿a quién le corresponde su ejercicio?, ¿cómo se está ejerciendo?, ¿qué procedimiento le es aplicable?, y ¿qué tan eficaz es? Todas estas preguntas tienen respuestas a partir de un análisis de fuentes secundarias de orden doctrinal, normativo y jurisprudencial, así como de la lectura de la realidad urbana.

Resumen Este artículo analiza la realidad del principal instrumento de comando y control existente en la legislación ambiental colombiana: la licencia ambiental. Desde su primera reglamentación, por cuenta del Decreto 1753 de 1994, ha recibido varias modificaciones que al parecer, a pesar de su importancia, la han convertido en instrumento de utilización excepcional. El artículo profundiza en el alcance de cada una de las modificaciones realizadas, y las justificaciones dadas por el gobierno de turno para establecer si estuvieron fundadas en estrictos avances frente al control de los impactos ambientales o si, por el contrario, hay otros motivos e intereses ajenos a los estrictamente ambientales.