Wendy Pena González

Este estudio examina la noción de terrorismo subyacente al delito español de enaltecimiento del terrorismo (art. 578.1 CP) mediante una revisión sistemática de sentencias del Tribunal Supremo. El análisis se centra en las resoluciones penales de dicho tribunal, dado su papel en la interpretación y complemento del ordenamiento jurídico. Se empleó una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, basada en una base de datos de 53 sentencias (2001–2025) compilada a partir de CENDOJ. Los hallazgos sugieren que la noción de terrorismo que opera en el delito de enaltecimiento se extiende más allá del terrorismo en sentido estricto y comprende con frecuencia expresiones solo débilmente vinculadas con la violencia terrorista contemporánea. Los resultados revelan un predominio de casos relacionados con ETA y con organizaciones ya inactivas o sin amenaza actual en España, así como una presencia sustancial de expresiones sarcásticas, humorísticas y reivindicativas entre las conductas perseguidas. Al mismo tiempo, las referencias a organizaciones yihadistas contemporáneas como Dáesh aparecen asociadas a penas de prisión más elevadas. El análisis temporal muestra que la expansión de procedimientos y condenas se produjo, paradójicamente, en un contexto de declive de la actividad terrorista. En conjunto, los resultados apuntan hacia una interpretación expansiva del delito y plantean interrogantes sobre seguridad jurídica, proporcionalidad y libertad de expresión.

El principio de proporcionalidad aparece como consolidado tanto en la doctrina como en la práctica de nuestro entorno. Pese a que su reconocimiento –salvo en las constituciones más jóvenes– no suele ser expreso en el texto constitucional, los tribunales constitucionales han reconocido su estatus de principio constitucional. No obstante, al tratarse de una institución abstracta y no explícitamente articulada en el texto de la ley, sus contornos no están claros. Por ello, interesa desarrollar un análisis del estado de la cuestión del principio de proporcionalidad penal en España, tratando de evaluar qué nivel de protección garantiza, qué grado de desproporción exige el principio para actuar sobre una medida penal, si se distinguen claramente las variantes de proporcionalidad de la intervención penal y proporcionalidad del castigo, si en la práctica legislador y juzgadores están sujetos al principio y qué elementos se comparan para determinar que la medida es proporcionada. Para ello, en esta sede es idóneo el desarrollo del estudio de Derecho comparado, por lo que se complementará el examen de la jurisprudencia constitucional en España con un análisis de la situación del principio en Italia –cuna del constitucionalismo penal y que responde a la tradición de Derecho civil–, y en EE. UU. –origen del retribucionismo y donde se encontraron los primeros desarrollos del principio, que responde a una tradición de Derecho común–. Fecha de recepción: 25.02.2025Fecha de aprobación: 10.06.2025

Este trabajo tiene por objeto analizar algunas cuestiones de actualidad sobre los crímenes, que pueden resultar controvertidos en su relación con el derecho fundamental a la libertad de expresión. Se analizan, en primer lugar, los delitos de propaganda y enaltecimiento del terrorismo. A continuación, se estudian el enaltecimiento y negación de los delitos de genocidio, lesa humanidad y conflicto armado, y de los delitos de discriminación, y, en tercer lugar, la propuesta de punición de la exaltación del franquismo. Posteriormente son analizados los delitos de injurias a la corona. Finalmente, se estudia la necesidad de sanción penal de las noticias falsas. Se concluye que muchas de las figuras delictivas analizadas manifiestan una falta de lesividad suficiente, lo que hace que prepondere el respeto a la libertad de expresión y que su mantenimiento en el Código Penal sea incompatible con dicha libertad. Los delitos de propaganda del terrorismo, enaltecimiento del terrorismo y de delitos cometidos por motivos discriminatorios no están justificados, y menos en la redacción actual, como tampoco lo está la incorporación de un delito de exaltación del franquismo ni de delitos contra noticias falsas. Se advierte también del peligro de la interpretación amplia de dichos delitos y de los delitos de injurias a la corona. En definitiva, se trata de garantizar la máxima de que, en democracia, el pensamiento no delinque.