Ronald Alexander Alomaliza-Garces
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Research Interests
Ronald Alexander Alomaliza-Garces has a total of 3 co-authors. Here are the top co-authors by number of shared publications:
- Iruma Alfonso-González
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato
1 shared publication - Jennifer Brigitte Aguilar-Montesdeoca
Universidad Regional Autónoma de los Andes
1 shared publication - Kevin Steven Hurtado-Supe
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
1 shared publication
Latest Publications
- Open Access
- 6 October 2026
- Published by Fundacion Koinonia in CIENCIAMATRIA
- Vol. 12 (3)
Interrupción de la caducidad de la prisión preventiva: un vacío normativo en Ecuador
La investigación tuvo como objetivo analizar el régimen de interrupción y suspensión de la caducidad de la prisión preventiva en el Ecuador y determinar si existe un vacío normativo en su regulación. Se empleó un enfoque cualitativo de análisis documental jurídico, basado en la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Suárez Rosero y Tibi, y estudios indexados. Los resultados muestran que la normativa fija plazos de seis meses y un año, prevé la interrupción con la sentencia y la suspensión por actos dilatorios del procesado, pero no define qué actos tienen ese carácter ni cómo se computan las demoras atribuibles al Estado. Se concluye que esa indeterminación genera decisiones contradictorias y propone una reforma que tipifique los supuestos de suspensión y exija motivación reforzada.
- 6 October 2026
- Published by Fundacion Koinonia in CIENCIAMATRIA
- Vol. 12 (3)
Open AccessInterrupción de la caducidad de la prisión preventiva: un vacío normativo en Ecuador
La investigación tuvo como objetivo analizar el régimen de interrupción y suspensión de la caducidad de la prisión preventiva en el Ecuador y determinar si existe un vacío normativo en su regulación. Se empleó un enfoque cualitativo de análisis documental jurídico, basado en la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Suárez Rosero y Tibi, y estudios indexados. Los resultados muestran que la normativa fija plazos de seis meses y un año, prevé la interrupción con la sentencia y la suspensión por actos dilatorios del procesado, pero no define qué actos tienen ese carácter ni cómo se computan las demoras atribuibles al Estado. Se concluye que esa indeterminación genera decisiones contradictorias y propone una reforma que tipifique los supuestos de suspensión y exija motivación reforzada.