América Latina es hoy el epicentro global de múltiples formas de violencia, lo cual representa una enorme barrera estructural para la prosperidad de la región, pues compromete el avance hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2024), principalmente los relativos a salud y bienestar; igualdad de género; ciudades y comunidades sostenibles; y paz, justicia e instituciones sólidas. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nuestra región registra la tasa de homicidios más alta del mundo (UNODC, 2023). Solo en el año 2023 se reportaron 129 919 víctimas de homicidio intencional en América Latina, lo que representa una tasa promedio de 20 víctimas por cada 100 000 habitantes, cifra que triplica el promedio mundial. Esta violencia letal presenta una marcada disparidad demográfica, ya que aproximadamente el 90 % de las víctimas son hombres jóvenes (UNODC, 2024). No obstante, la violencia también se extiende críticamente a las mujeres. Con base en las cifras que recoge el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, se pueden estimar unas 4000 muertes violentas de mujeres por razón de género al año, especialmente de mujeres jóvenes (CEPAL, 2025). Estos niveles de inseguridad trascienden el costo humano y generan un impacto económico alarmante que altera la vida cotidiana de los latinoamericanos. El Banco Interamericano de Desarrollo (2024) ha estimado que, en el año 2022, los costos directos del delito y la violencia representaron el 3,44 % del Producto Interno Bruto regional, lo que equivale al 78 % del presupuesto público destinado a la educación y hasta 12 veces el presupuesto asignado a investigación y desarrollo (I+D). De manera paralela, la percepción de inseguridad es profunda; el Latinobarómetro (2024) reporta que en el año 2024 el 33 % de los encuestados o algún familiar refirió haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses y que una proporción similar de ciudadanos vive con la preocupación constante de ser víctima de un delito violento. La situación se vuelve más compleja debido a la presencia transversal del crimen organizado. Según el Índice Global de Crimen Organizado, 6 de los 15 países con la puntuación más alta en criminalidad son latinoamericanos (Colombia, México, Ecuador, Paraguay, Honduras y Brasil) (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2023). El Estudio Global de Homicidio 2023 (UNODC, 2023) corrobora este agravante al establecer que los altos niveles de violencia letal en la región se atribuyen principalmente a grupos criminales que compiten por el control de los mercados ilícitos, exacerbados por un débil estado de derecho y la alta disponibilidad de armas. En este contexto de violencia sistémica y generalizada, los niños, niñas y adolescentes constituyen el grupo poblacional más vulnerable y afectado (UNICEF, 2023). Según datos proporcionados por UNICEF (2022), la violencia en el ámbito doméstico es habitual: casi 2 de cada 3 niños de entre 1 y 14 años han experimentado alguna forma de disciplina violenta en el hogar, incluidos el castigo físico y los abusos psicológicos. En la adolescencia, la violencia letal y otras formas de violencia presentes en el entorno amenazan críticamente a este sector: el homicidio es la principal causa de muerte en el grupo de 10 a 19 años, mientras que la violencia sexual es la forma más prevalente en mujeres. En paralelo, la violencia entre pares, en particular el acoso escolar y el abuso emocional, presenta una elevada prevalencia en esta etapa y afecta a varones y mujeres en proporciones similares, lo que la consolida como una de las expresiones más extendidas de victimización no letal en este grupo etario (UNICEF, 2025). Estos datos subrayan la necesidad crítica de diseñar e implementar políticas de prevención específicas y focalizadas en niños, niñas y adolescentes. Aunque la visión de lo que ocurre en América Latina es crucial para el entendimiento global del contacto con la violencia por parte de los adolescentes, y la región es un escenario que clama por estrategias de prevención eficaces, se enfrenta con una paradoja importante: la imposibilidad de lidiar eficazmente con estas violencias a causa, en gran medida, de la persistencia de datos deficientes (UNICEF, 2021). Durante décadas, hemos dependido de extrapolar hallazgos del Norte Global o de navegar entre estadísticas oficiales que, como bien sabemos, adolecen de una cifra negra significativa. Esta carencia es particularmente crítica en nuestros contextos de baja confianza institucional, donde la falta de denuncia no es un olvido o la desestimación de eventos nimios, sino una estrategia de supervivencia ante un sistema que a menudo se percibe como ineficaz o poco confiable (Corporación Latinobarómetro, 2024). Esta deficiencia estructural de evidencia limita el acceso a información detallada y desagregada que permita optimizar las decisiones en materia de seguridad ciudadana. Por consiguiente, para transitar de las meras opiniones e inferencias a políticas públicas rigurosas basadas en el conocimiento científico, es indispensable superar esta carencia mediante el desarrollo de información sistemática que permita identificar, medir y comprender en profundidad la dinámica específica en la que los jóvenes latinoamericanos experimentan el delito y la violencia.