Karin Arbach

Sexual aggression (SA) currently constitutes a global public health issue (Tharp et al., 2013). Survivors experience severe health-related consequences (Dworkin, 2020). Men in the general populatio...

The CAPE-42 is a self-report questionnaire designed to assess psychotic-like experiences in the general population. This study examined its factorial structure in a sample of 1,265 Argentine adults. Exploratory factor analyses (EFA) and item response theory (IRT) analyses were conducted. Through an iterative procedure, 21 items with superior psychometric properties were identified and organized into two factors: negative–depressive symptoms (11 items) and positive symptoms (10 items), accounting for 45% of the total variance. Both factors demonstrated unidimensionality and adequate fit to the graded response model, as well as good scalability, reliability (ω = .89 and ω = .90), and information functions. The new abbreviated version, CAPE-R21, enhances the instrument’s parsimony and reveals a clustering of negative and depressive symptoms at subclinical levels. This study provides empirical evidence supporting the validity of the CAPE-R21 and underscores the utility of IRT for optimizing scales in culturally specific contexts.

Cybercrime is increasingly recognized as a global issue, with adolescents being a key group as crime trends shift online. However, relatively little is known about the prevalence of cybercrime, its specific risk factors, and how they differ across high and low-middle-income countries. This highlights the need for more cross-national comparative studies on the cybercriminal behavior of young people. This study examines the prevalence of four types of cybercrime (image-based abuse, online hate speech, cyberfraud, and hacking) among adolescents aged 13 to 17 in Europe and South America ( N = 28,325). Utilizing data from the International Self-Report Delinquency Study 4 (ISRD4), the analysis includes nine countries from Europe (Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Lithuania, Norway, Slovenia, Sweden, and the United Kingdom) and three from South America (Argentina, Brazil, and Venezuela). According to our results, there is variation in adolescent cybercrime offending between countries and continents. Overall, cybercrime and hacking were more common in South America, whereas image-based abuse was more prevalent among adolescents from Europe. Cybercrime was associated with low self-control, morality, and anticipated formal sanctions for cybercrimes, whereas peer delinquency was associated with a higher likelihood of offending. In line with situational action theory (SAT), peer delinquency and anticipated formal sanctions for cybercrimes were associated with cybercrime only among those with low or average morality.

América Latina es hoy el epicentro global de múltiples formas de violencia, lo cual representa una enorme barrera estructural para la prosperidad de la región, pues compromete el avance hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2024), principalmente los relativos a salud y bienestar; igualdad de género; ciudades y comunidades sostenibles; y paz, justicia e instituciones sólidas. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nuestra región registra la tasa de homicidios más alta del mundo (UNODC, 2023). Solo en el año 2023 se reportaron 129 919 víctimas de homicidio intencional en América Latina, lo que representa una tasa promedio de 20 víctimas por cada 100 000 habitantes, cifra que triplica el promedio mundial. Esta violencia letal presenta una marcada disparidad demográfica, ya que aproximadamente el 90 % de las víctimas son hombres jóvenes (UNODC, 2024). No obstante, la violencia también se extiende críticamente a las mujeres. Con base en las cifras que recoge el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, se pueden estimar unas 4000 muertes violentas de mujeres por razón de género al año, especialmente de mujeres jóvenes (CEPAL, 2025). Estos niveles de inseguridad trascienden el costo humano y generan un impacto económico alarmante que altera la vida cotidiana de los latinoamericanos. El Banco Interamericano de Desarrollo (2024) ha estimado que, en el año 2022, los costos directos del delito y la violencia representaron el 3,44 % del Producto Interno Bruto regional, lo que equivale al 78 % del presupuesto público destinado a la educación y hasta 12 veces el presupuesto asignado a investigación y desarrollo (I+D). De manera paralela, la percepción de inseguridad es profunda; el Latinobarómetro (2024) reporta que en el año 2024 el 33 % de los encuestados o algún familiar refirió haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses y que una proporción similar de ciudadanos vive con la preocupación constante de ser víctima de un delito violento. La situación se vuelve más compleja debido a la presencia transversal del crimen organizado. Según el Índice Global de Crimen Organizado, 6 de los 15 países con la puntuación más alta en criminalidad son latinoamericanos (Colombia, México, Ecuador, Paraguay, Honduras y Brasil) (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2023). El Estudio Global de Homicidio 2023 (UNODC, 2023) corrobora este agravante al establecer que los altos niveles de violencia letal en la región se atribuyen principalmente a grupos criminales que compiten por el control de los mercados ilícitos, exacerbados por un débil estado de derecho y la alta disponibilidad de armas. En este contexto de violencia sistémica y generalizada, los niños, niñas y adolescentes constituyen el grupo poblacional más vulnerable y afectado (UNICEF, 2023). Según datos proporcionados por UNICEF (2022), la violencia en el ámbito doméstico es habitual: casi 2 de cada 3 niños de entre 1 y 14 años han experimentado alguna forma de disciplina violenta en el hogar, incluidos el castigo físico y los abusos psicológicos. En la adolescencia, la violencia letal y otras formas de violencia presentes en el entorno amenazan críticamente a este sector: el homicidio es la principal causa de muerte en el grupo de 10 a 19 años, mientras que la violencia sexual es la forma más prevalente en mujeres. En paralelo, la violencia entre pares, en particular el acoso escolar y el abuso emocional, presenta una elevada prevalencia en esta etapa y afecta a varones y mujeres en proporciones similares, lo que la consolida como una de las expresiones más extendidas de victimización no letal en este grupo etario (UNICEF, 2025). Estos datos subrayan la necesidad crítica de diseñar e implementar políticas de prevención específicas y focalizadas en niños, niñas y adolescentes. Aunque la visión de lo que ocurre en América Latina es crucial para el entendimiento global del contacto con la violencia por parte de los adolescentes, y la región es un escenario que clama por estrategias de prevención eficaces, se enfrenta con una paradoja importante: la imposibilidad de lidiar eficazmente con estas violencias a causa, en gran medida, de la persistencia de datos deficientes (UNICEF, 2021). Durante décadas, hemos dependido de extrapolar hallazgos del Norte Global o de navegar entre estadísticas oficiales que, como bien sabemos, adolecen de una cifra negra significativa. Esta carencia es particularmente crítica en nuestros contextos de baja confianza institucional, donde la falta de denuncia no es un olvido o la desestimación de eventos nimios, sino una estrategia de supervivencia ante un sistema que a menudo se percibe como ineficaz o poco confiable (Corporación Latinobarómetro, 2024). Esta deficiencia estructural de evidencia limita el acceso a información detallada y desagregada que permita optimizar las decisiones en materia de seguridad ciudadana. Por consiguiente, para transitar de las meras opiniones e inferencias a políticas públicas rigurosas basadas en el conocimiento científico, es indispensable superar esta carencia mediante el desarrollo de información sistemática que permita identificar, medir y comprender en profundidad la dinámica específica en la que los jóvenes latinoamericanos experimentan el delito y la violencia.

Substance use and antisocial behavior are closely related behaviors, and various theories have proposed explanatory mechanisms to account for this association. This study analyzed the relationship between several empirical indicators, derived from major theoretical frameworks, and the co-occurrence of illicit substance use and antisocial behavior in 6,169 adolescents from Argentina, Spain, Mexico, and Venezuela, who participated in the International Self-Report Delinquency Study. Using multivariate logistic regressions, the effects of the theoretically selected indicators were explored in the total sample and by country. Contextual factors (e.g., substance use in neighborhoods and schools) associated with the co-occurrence of substance use and antisocial behavior varied across countries, whereas personal factors (e.g., low self-control) yielded more consistent results. The findings can inform the development of effective prevention and intervention programs for different groups, highlighting aspects that may be applied in several countries while underscoring the need to adapt others to each local context.

This study examines the overlap between victimization and offending among school-attending adolescents aged 13 to 17 in Argentina, Brazil, Colombia, Mexico, and Venezuela. Latent Class Analysis was conducted considering 12 types of offending and 9 forms of victimization experienced over the past 12 months in both offline and online contexts, using data from 9,849 adolescents who participated in the ISRD4 survey. Four profiles emerged: adolescents free from violence and offending (62 %), poly-victims (23.5 %), moderate overlap (9.5 %), and intense overlap (5 %). Gender and age differences were observed: while older females (aged 16-17) exhibited a profile characterized by high probabilities of cyber-offending, their male peers in the same age group showed a profile with higher probabilities of general offending. These findings underscore the need for differentiated and culturally adapted prevention programs, as well as interventions that address both victimization and offending for a comprehensive and effective response.

The objective of this study is to examine how experiences with crime, either as a victim or as an offender, influence adolescents’ moral stance toward crime. The data were drawn from the fourth edition of the International Self-Report Delinquency Study (ISRD4), collected in 92 schools across six cities in Argentina, Brazil, and Venezuela, with a total sample of 5,407 students aged 13 to 17. Structural equation modelling showed that previous experiences with victimization or delinquent behaviour had direct effects on adolescents’ current moral posture, assessed through moral beliefs and anticipated shame (if discovered committing a crime). This effect was mediated by closeness to parents and to delinquent peers. The implications of these results are discussed, emphasizing the role that crime prevention may play in shaping adolescents’ moral postures.