Georgina Felix Ortiz

La desaparición de jóvenes en Culiacán, Sinaloa, México, es un problema público asociado a la violencia criminal, impunidad, debilidad institucional, vulnerabilidad juvenil y fragmentación de las respuestas gubernamentales. El problema principal radica en que la desaparición suele atenderse de manera reactiva, penal y tardía, sin una estrategia preventiva capaz de anticipar riesgos, proteger a las juventudes y coordinar a instituciones, familias, colectivos y sociedad civil. El artículo propone un modelo de gobernanza preventiva para diseñar una estrategia eficiente frente a la desaparición de jóvenes en Culiacán, desde un enfoque cualitativo (con técnica documental), articulando los fundamentos teóricos, evidencia reciente y criterios de derechos humanos. El sustento teórico se basa en la gobernanza colaborativa, prevención social de la violencia, enfoque de seguridad ciudadana, criminología crítica y el enfoque de derechos humanos, los cuales permiten comprender la desaparición como un fenómeno complejo que no se resuelve solo mediante acciones policiales o judiciales. Los principales resultados muestran que la estrategia debe organizarse en cinco ejes: diagnóstico territorial permanente, prevención focalizada en juventudes, búsqueda inmediata, coproducción comunitaria y evaluación de resultados. Entre los hallazgos centrales destaca que los jóvenes no deben ser tratados como población sospechosa, sino como sujetos de derechos expuestos a riesgos estructurales, territoriales y criminales. Asimismo, se identifica que las familias y colectivos de búsqueda poseen saberes indispensables para mejorar la respuesta institucional, aunque el Estado no debe trasladarles responsabilidades que le corresponden. En suma, la gobernanza preventiva es relevante porque permite pasar de una política reactiva a una política anticipatoria, territorial y evaluable, capaz de proteger vidas, fortalecer la confianza pública y construir una respuesta más humana, coordinada y eficaz frente a una de las violencias más graves en Sinaloa.

El artículo examina el ecosistema de capacitación y certificación de competencias laborales en México como un arreglo institucional, organizativo y territorial cuya eficacia no depende solo de la oferta formativa, sino de la articulación entre estándares de competencia, mecanismos de reconocimiento, demanda laboral, información sobre habilidades, actores subnacionales e inclusión social. A partir de una metodología cualitativa sustentada en técnica documental y análisis temático reflexivo, se revisó la literatura científica reciente y documentos institucionales publicados para identificar los componentes, tensiones y potencialidades del sistema mexicano. Los hallazgos muestran que México dispone de una arquitectura formal relevante, encabezada por el CONOCER y vinculada al Sistema Nacional de Competencias, pero enfrenta límites derivados de la segmentación territorial, la débil conexión entre certificación y trayectorias ocupacionales ascendentes, la persistencia de desigualdades regionales y de género, así como la insuficiente articulación entre formación, uso productivo de habilidades y movilidad de ingresos. Se concluye que una movilidad social eficaz exige concebir la certificación no como un fin aislado, sino como una pieza de un ecosistema más amplio de capacidades, empleabilidad, calidad del empleo, pertinencia productiva y reconocimiento de aprendizajes formales, no formales e informales, con un fuerte componente territorial y de gobernanza multinivel.